El éxodo masivo de indígenas chinantecos y mazatecos de Oaxaca a Veracruz y la deuda histórica a demandas prometidas desde las oficinas gubernamentales de ambos gobiernos vecinos pone en evidencia el efecto depredador de las políticas públicas instruidas desde el gobierno federal desde hace décadas contra la región del Valle de Uxpanapa.

Solapadas a conveniencia por los gobiernos estatales para privatizar los recursos naturales los pueblos originarios de las tierras inundadas por la construcción de las presas Miguel Alemán en 1962 y Miguel de la Madrid 1988  viven en el rezago, con problemas de inseguridad y sin condiciones de vida digna desde hace varios sexenios.

A poco más de 30 años de haberse concluido el proyecto hidrológico del Istmo Veracruzano y 40 años de haberse aceitado  en la maquinaria oficial los beneficios de la energía eléctrica generada de los colosos contenedores del cauce del Río Tonto y Santo Domingo que abastecen al Río Papaloapan, los pobladores originarios perdieron su identidad y viven  engañados en la reubicación con tierras pobres y conflictos agrarios que se recrudecen ante los proyectos hidrológicos emprendidos por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa anunciados en 2011.

Problemas que vienen primero a través de la Comisión del Papaloapan desaparecida en 1984 y después con el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (Codepap) creado el 25 de noviembre de 1999 por Miguel Alemán y reforzada como una oficina de escaparate político por Fidel Herrera Beltrán en el 2004.

Uxpanapa – apenas municipio libre en 1997 y con una cabecera municipal de mil 502 habitantes según datos del Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED-es el enclave fronterizo más al sur del estado veracruzano en los límites de Chiapas y Oaxaca en la región indígena de los Chimalapas – junto con Los Naranjos en la Cuenca del Papaloapan fueron las zonas elegidas con el mayor número  de personas para la reubicación de unas 3 mil familias procedentes del valle de Ojitlán, en la zona mazateca-chinanteca del estado oaxaqueño.

El milagro instruido desde la federación por la burocracia y por quienes se beneficiaban con los proyectos públicos nunca se concretó. “Uxpanapa es uno de los grandes crímenes ecológico-sociales de la historia nacional” sostuvo Iván Restrepo.

 El Constructor de carreteras

Un año después de haber tomado las riendas del gobierno veracruzano, Javier Duarte de Ochoa se presentó en el Valle de Uxpanapa.  Inauguró la primera etapa de un camino de 19 kilómetros que comunicaría a las comunidades de La Chinantla y La Horqueta.

“Uxpanapa, que antes era uno de los lugares más incomunicados del estado, ahora contará con la mejor carretera de Veracruz” dijo el 12 de agosto del 2011 el mandatario veracruzano. Había convivido con los pobladores y lanzado frases y promesas que dejaban un ánimo de futuros promisorios y el fin de un rezago histórico. Tres años después la industria del hule ha perdido comercialización y el tianguis agropecuario con Coatzacoalcos anunciado por la oficina de prensa también quedó en promesas de inició de sexenio. “Nunca más este valle y su grandiosa gente estarán lejos de la prosperidad de todo el estado” es la frase con la que grabó Duarte su visita en los boletines oficiales.

Después inauguró una red de agua potable para Poblado 14. El 13 de noviembre del 2013 la obra tenía una avance significativo después de dos años de haberse iniciado el proyecto pero era un foco de violencia entre los habitantes de “La Horqueta” y “Helio García Alfaro” por irregularidades en el estudio de impacto ambiental y la posible destrucción de flora y fauna de uno de los principales afluentes del río Coatzacoalcos.

El discurso de Duarte de Ochoa ante el ecocidio histórico que el Valle de Uxpanapa representa como símbolo de la rapacidad gubernamental demoró poco. Un mes casi cronometrado. El 7 de septiembre del 2011 confirmó que en Veracruz había varios proyectos para la construcción de presas hidroeléctricas que garantizarían el abasto de agua a los pobladores. Regina Martínez, extinta reportera de Proceso documentaría las ideas de Javier Duarte de una gira realizada por Brasil a principios de agosto de ese año y los acuerdos entre el gobierno veracruzano y la firma Odebrecht para “desarrollar un proyecto hidráulico integral”.

Con todo y la oposición de organizaciones ambientalistas y vecinos de diversos municipios de las zonas de Jalcomulco, Orizaba y Zongolica donde se presumía se echarían andar los embalses impulsados también por el gobierno de Felipe Calderón que según un reportaje de Erika Ramírez de la revista digital Contralínea heredó a Enrique Peña Nieto 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados de la República, además de cuatro presas en tres entidades del país.

Tres años después del viaje para dar banderazos de obras de Javier Duarte a la zona devastada por las presas en los límites de Oaxaca y Veracruz en el sur de la entidad. Y con el conocimiento de más 30 mil desplazados en el estado que viven sin acceso a vivienda digna, los proyectos hídricos se intensifican.

El activista Guillermo Rodríguez Curiel, denunció el 30 de enero de este año en el periódico La Jornada que el Gobierno Federal como el estatal, actúan bajo la ilegalidad al otorgar permisos a empresas privadas para construir presas en todas las cuencas hidrológicas que tiene Veracruz, a pesar de que algunas de ellas han sido declaradas zonas de veda, como es el caso de cuenca del río La Antigua, donde la empresa Odebrecht realiza trabajos de estudio y construcción

El progreso que se tragó la selva

Los caminos al Poblado 10, conocido como la “La Chinantla” son de tierra. Por brechas se encima la hierba a reductos de asfalto. Los cerros crecen como pequeños montículos áridos. Las camionetas descubiertas llevan de la cabecera municipal a las comunidades de una periferia que no sobrepasa los 5 mil habitantes.

El calor sofoca y por espacios prolongados la selva parece que todo se traga. Para llegar se atraviesa la carretera federal 185 ubicada en el transísmico. 3 horas a marchas forzadas desde Coatzacoalcos. 3 horas más, desde el puerto veracruzano que se desvanece entre retenes de la policía naval sobre la ruta vigía en la salida a Acayucan. Después el silencio y la tierra, hasta entrar por Villa Juárez al poblado 1.  Marcados como campos de concentración: poblado 10, poblado 14, poblado 12, Poblado 9, Poblado 7, poblados organizados por ingenieros que cuentan en La Orqueta llegaron a emborracharse y dejar planos con casas a 10 kilómetros una de otra. Sin energía eléctrica, sin agua potable y 30 ejidos repartidos a comunidades indígenas desplazadas desde Oaxaca a una selva que no podía desmontarse y acabo por tragárselos.

En Las Carolinas demandaron al gobierno federal desde hace años. Un juez en Veracruz determinó que no proceden sus reclamos contra el gobierno mexicano, a pesar de que muchas de sus tierras no son aptas para la agricultura y las que producen están protegidas por leyes ambientales. La riqueza en frutos y recursos naturales contrasta con la pobreza. A la poca tierra cultivable se le suma la ola de jornaleros que emigran a los estados del norte y nunca vuelven.

“Desde el punto de vista ecológico, la Región de Uxpanapa tiene una doble característica, por un lado contiene el yacimiento biológico potencialmente más rico que se conoce y, por el otro, constituye una de las áreas menos apropiadas de la tierra para el establecimiento de un desarrollo de tipo agropecuario” refirió Víctor Manuel Toledano, Investigador del Instituto de Biología de la UNAM con datos que datan de 1972 y que el gobierno tuvo conocimiento.

El Decreto Presidencial, emitido por Luis Echeverria Álvarez el 4 de abril 1976- cuya copia tiene el reportero- se compromete a dotarles de tierras, construir caminos e infraestructura urbana en los poblados, pagar indemnizaciones territoriales, bienes comunales y parcela escolar. La realidad es que la zona de Uxpanapa se debate en cultivos de hule olvidados, obras de desarrollo básico a medias, redes de drenajes reducidos y viviendas pobres sin banquetas, sumidas, literalmente en los límites de la selva Zoque.

 La indemnización no llegará

Juan Pablo Zamora presidente del Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa (CIUX) afirmó que desde la década de los setentas fueron obligados a abandonar sus tierras porque sería cubiertas por las aguas del embalse de la presa cerro de oro, el objetivo era prevenir las inundaciones en el estado veracruzano y proporcionar un distrito de riego que detonará la economía estatal.

“A los propietarios y desplazados se les prometió una indemnización que nunca llegó y con engaños se les trajo a Uxpanapa con la promesa de una vida digna, pero la selva se impuso, el plan agropecuario fue una mentira y trajeron a miles de una zona rica a una zona pobre” precisó el líder indígena.

Su hijo fue asesinado en mayo del 2010 en el Poblado 1 y acusó a las autoridades de haber integrado el caso para que la impunidad protegiera funcionarios públicos involucrados. El líder de CIUX afirmó que su hijo era miembro activo a pesar de su juventud de la lucha para la reivindicación de las tierras despojadas y la mejora en los servicios del Uxpanapa veracruzano.

Sostuvo que existen juicios ante los tribunales agrarios para que les sea entregado un fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Agrario (FNMA) cuyo deposito es cercano a los 140 millones de pesos que el gobierno mexicano deposito hace 26 años y es una indemnización para la compra de tierras y obras de infraestructura.

“Nuestras tierras en Uxpanapa son de menor tamaño a las que teníamos en Oaxaca” se quejó. Sostuvo que el proceso de empobrecimiento también se debe a la falta de compensación porque las hectáreas sumergidas bajo el agua se llevaron tierras fértiles en siembra de frijol, chile, arroz y tabaco, tampoco existen los servicios básicos y la cultura chinanteca fue prácticamente destruida porque han ido desapareciendo la integración como comunidad.

El 3 de mayo del 2010, dos días después del asesinato del hijo de Juan Zamora, Carlos Beas Torres, coordinador de programas de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) responsabilizó en medios estatales al gobierno veracruzano encabezado por Fidel Herrera de una política represiva y clientelar para frenar la Alianza Indígena Campesina y Popular de Veracruz en la zona.

Porfirio Méndez Martínez Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo” y uno de los representantes de los 25 núcleos agrarios de los afectados por la construcción de las presas en septiembre de 2005 presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de San Andrés Tuxtla, para obtener la indemnización de 3,500 millones de pesos por obras comprometidas en la resolución presidencial del 4 de abril de 1978.

Amañadas y corrompidas las instancias de justicia según los involucrados dieron un fallo que ha sido criticado por organismos de influencia internacional como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Cuatro años después del inicio de la movilización el Tribunal dio sentencia en 2009 y resolvió que los desplazados carecían de legitimidad para promover el juicio porque de 30 ejidos cada uno debía interponer su apelación para la reparación de los daños.

Uxpanapa, industria del despojo intacta