Los excomandantes salieron de la cárcel federal en 2017 como fantasmas disparando a nadie en la noche. El Estado mexicano los vinculó al Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1997 y 1999 cuando los detuvieron por terrorismo, sabotaje, rebelión, conspiración, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, robo, portación de arma de uso exclusivo del ejército y homicidio. Durante esos 20 años encarcelados, nunca fueron reconocidos por la agrupación armada como parte de sus miembros activos.

Ahora son hombres sin nombre que pagan 4 mil 600 pesos cada mes al juzgado de Ixcotel en Oaxaca por su libertad anticipada. Pagarán por varios años hasta juntar 125 mil pesos, el monto que un juzgado determinó para “reparar el daño” que hicieron al Estado mexicano.

El EPR se levantó en Oaxaca en 1996. En ese entonces atacaron diversos puntos militares de la entidad; reivindicaban un cambio de régimen político. Pero le siguió la represión al pueblo Loxicha, un supuesto bastión de movimientos sociales en una de las zonas más pobres de México. Ahí, más de 20 años después, los sobrevivientes, expresos políticos, simpatizantes y víctimas afirman la etiqueta de guerrilleros ha sido la excusa del gobierno para acabar con la resistencia comunitaria indígena en una zona controlada por viejos caciques ligados al poder estatal.

Olvido

Viven en una casa pequeña, compartida, revuelta. Con tres habitaciones de dos por dos metros y techos de lámina. Está ubicada en una de las zonas más pobres del mundo. Afuera corren sus nietos, hacen con sus juegos un ruido que se parece a la violencia con la que cae el granizo en las montañas de la Sierra Sur, mientras los presos liberados hablan con nosotros adentro, de una habitación sin aire.

En el pasillo esperan los familiares que sobrevivieron con ellos más de dos décadas de cárcel. Los exguerrilleros –si puede llamárseles así a dos hombres abatidos–, cruzan sus manos frente a nosotros. Hablan bajo, esquivan las grabadoras. Contarán todo y se defenderán del mundo con su español titubeante las próximas horas. Prefieren no volver a ser personas a las que pueda seguírseles el rastro. Son un par de hombres delgados y pequeños, morenos nítidos con manos curtidas de cobre, fichados por el estado de Oaxaca como la peor de las escorias. 

Dicen que en lugar de expresos políticos pudieron ser alguna de las 96 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que denunciaron agrupaciones de Derechos Humanos durante el sexenio de Ernesto Zedillo en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde tuvo la lucha armada del EPR sus bastiones. Ellos viven. Su destino no fue convertirse en uno de los desaparecidos de una guerrilla que nunca existió.

“Yo solo pensaba ‘cómo se siente? cuando te disparan’”

Comandante 1, liberado

Los judiciales el día que me capturaron me dijeron: hay un grupo armado que te quiere desaparecer, por eso firmé todos los papeles, unos con letras, otros en blanco. Pero antes, estuve dos años escondido en el monte. Cuando me agarraron me dijeron que llevaban tiempo buscándome. Tuve miedo, sabía que habían desaparecido a otros compañeros, a Marcelino Santiago Pacheco, a Felipe de Jesús.

La noche que me agarraron me vendaron los ojos, me pusieron tela negra y un sombrero grande; me subieron a una camioneta de redilas azul, encadenado, me llevaron a la cabecera municipal de San Agustín para que me identificarán las autoridades. Mucha gente me reconoció, por eso no pudieron desaparecerme, después me llevaron a la procu.

En el camino, recuerdo que silbaban los carrizos y cantaron los gallos. Entonces cortaron los cartuchos y me dijeron: ¡aquí vas a quedar si no cooperas! Yo sólo pensaba cómo se siente cuando te disparan. Los soldados, cuando me entregaron, dijeron: “ya cayó el mero jefe, el mero tigre, el comandante”. 

Yo no estuve el día del ataque armado. El ministerio público me fabricó todo. Nunca tuve careo con quienes me acusaron. No hay en el expediente testigos de cargo en mi contra. No podían haberlos. El día de la balacera en Huatulco, que fue el 29 de agosto, yo había pedido músicos para los rezos de mi hermano, que murió el 28 de agosto. Esa madrugada estuve en mi comunidad con la gente. Cuando el juez me pidió testigos vino mi familia, presentaron el acta de defunción de mi hermano. Llegaron 15 personas. Cinco no hablaban español. Pero a pesar de eso me dieron 40 años por cuatro delitos. Al final solo me dejaron homicidio y terrorismo.

Fue difícil la cárcel porque es el pueblo de la delincuencia. Pagas mil 500 pesos por entrar y hasta 12 mil por tener derecho a un cuarto. Sin embargo, pude terminar ahí la primaria. Afuera dejé cuatro hijos. Para mantenerlos cosía balones, seis pesos por balón, tres al día y tenía 18 pesos diarios. Con 300 pesos al mes no me alcanzaba para que ellos fueran a verme. Mi mujer aguantó varios años pero terminó por dejarme.

Todavía existe en la Procuraduría el cuarto de machetes y armas viejas donde me torturaron. Lo he visto al bajar las escaleras cuando voy a firmar. Ahí me golpearon mucho la panza, me dieron tehuacanazos, me decían: “¡coopera, dónde está la casa de seguridad, quiénes son los jefes, qué ruta trabajabas! Y yo les decía lo mismo que he repetido todos estos años, pero insistían los cuatro hombres que me golpeaban, ¡dónde están las armas. Dónde están las armas!”. Nunca he negado que luché por la pobreza, di servicio en mi comunidad porque venimos de un pueblo olvidado. Pero luchar por mejorar no es delito, aunque ahora tengo una libertad bien pagada.

Tengo secuelas en el cuerpo por los golpes que me dieron. Durante los 20 años de cárcel nunca me vio un doctor. Por ocho años estuve sin abogado. Derechos Humanos no hizo nada, es la misma gente del gobierno. Amnistía Internacional fue varias veces a vernos a la cárcel para saber de nuestra historia. Nos dijeron que nos iban a apoyar pero mintieron ¿En qué nos van apoyar? les dijimos y nunca respondieron. Lo que quieren los indígenas es salir de la cárcel.

Los mandaron a morir

Israel Ochoa Lara es abogado, y estuvo relacionado al magisterio y a la coordinación de la filial Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH-FIDH). Él tomó la defensa de los presos acusados de guerrilleros desde 1996. Para el año 2000 había logrado ya la liberación de 40 de ellos.

Entonces, el gobierno de José Murat Casab en Oaxaca, promulgó una Ley de Amnistía ese mismo 2000, y cuatro años después del levantamiento armado del EPR, fue una estrategia política que sirvió para la liberación de muchos presos xichés. Ochoa Lara apunta que ésta Ley no puede entenderse sin la presión de organizaciones nacionales e internacionales y una corriente social en la opinión pública donde el Estado fue exhibido con infinidad de pruebas como una entidad represora, que puso el aparato de gobierno para acabar con la resistencia indígena de unas de las zonas con más rezago histórico en el sur del país. 

–El gobierno dijo: ‘si ya los están sacando de la cárcel por irregularidades en los procesos, tortura o abusos y van a seguir exhibiendo al Estado como violador de Derechos Humanos’, mejor decir: ‘también nosotros respaldamos que salgan estas personas’.

Así lo precisó el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

–En diciembre del 97, fue cuando logramos las primeras libertades de unos seis de ellos que habían sido enviados hasta Almoloya [hoy es el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en el Estado de México]. Después de nueve meses de luchas, amparos y apelaciones. Porque no se les respetó en el proceso el derecho a tener un traductor y eran hablantes de lengua indígena que no conocían casi nada del castellano.

Ochoa Lara explicó que entre las irregularidades estaba también la firma de confesiones bajo tortura, y sin conocer el contenido de las mismas. Ellos no sabían leer o entender el castellano. Únicamente el zapoteco.

El destierro

Con dicha Ley de Amnistía salieron libres 60 presos más. Algunos de ellos, incluso ya con condenas. Se frenaron procesos judiciales del fuero común y 200 órdenes de aprehensión. Además que quedaron archivadas averiguaciones previas con decenas de personas acusadas por el Estado de estar vinculadas al movimiento armado. Quedaron vigentes los procesos de orden federal, con un saldo de ocho presos que debieron purgar condenas de 30 años.

–Si no eran guerrilleros, y sus delitos fueron fabricados, ¿por qué fue tan fuerte el puño del Estado al enviarlos a penales federales? 

–Para el Estado no hubo duda que lo fueron. Nosotros podríamos decir lo que sea en los expedientes, pero para el Estado ellos habían participado en la lucha armada. Por eso su puño fue tan fuerte, los mandaron al destierro, como en los viejos tiempos de don Porfirio en San Juan de Ulúa y Valle Nacional. Fue mandarlos al fin del mundo para que nadie los defendiera. Sus familias no tenían dinero ni para salir de su pueblo, menos para ir al Distrito Federal. El destierro en los tiempos antiguos era lo peor que le podía pasar a una persona. Eso les hicieron a los indígenas loxichas”.

La muerte alumbra el camino con bengalas

Loxicha son comunidades indígenas que pertenecen a la frontera del pacifico oaxaqueña.

Ascendimos a San Agustín Loxicha con ese miedo veloz y tenue que tenemos algunos que hemos percibido, antes, la pólvora de los casquillos. En la desviación de la carretera federal 175, que conecta la sierra con el Pacífico oaxaqueño, cambia el polvo y el mundo. Un kilómetro tras otro, los deslaves por el temporal anuncian una comunidad llena de ojos que reivindica la violencia como consecuencia inevitable. En las casas despobladas y pobres podría dibujarse el destierro, si se pudiera.

Entramos silenciosos, pero no invisibles, durante un domingo de plaza. Caminamos el pueblo, sus calles pedregosas y empinadas. Comemos hojas amargas de Oreja de león. Descendemos por veredas hasta edificaciones de piedra donde nos recibe gente que tenía prisa, que no quería hablar. Subimos el cerro para ver desde lo alto la entrada de la niebla. Miramos San Agustín cubierto de frío y humedad. Vemos desde lo alto las calles tragadas por la bruma. Ahí es posible imaginar la guerrilla armada marchando a la muerte, alumbrando su camino con bengalas. 

La guerrilla de Loxicha fue para los comandantes algo invisible. Un adoctrinamiento prolongado alejado del socialismo, cercano a la defensa comunitaria de la tierra. Algo que no conocemos, algo que ha sido negado en la historia oficial y que está sujeto a las mentiras del otro, del que ostenta el poder. 

Ellos dicen que no fueron ni parte del levantamiento subversivo. De ese que vio la luz en Oaxaca el 28 de agosto de 1996 con un ataque armado en Tlaxiaco; y durante la madrugada del 29 de agosto en La Crucecita, en Santa María Huatulco; y el 31 del mismo mes en San Mateo Piñas, Pochutla. Ese con un saldo oficial de un guerrillero, 13 soldados y un civil asesinado.

Sentados uno frente a otro, son excomandantes atribulados. En la cárcel, al ser nombrados así fue una ficción que pudo salvarlos. Pero a la tortura en la detención, le siguió el encarcelamiento y la pérdida de esposas, madres, hermanos. El Estado les ha quitado el habla, las ganas de pelear.

Crece la plática. Hablan de los ‘entregadores’, que no son otra cosa que indígenas al servicio de caciques. Éstos, en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano, se convirtieron en los dedos que señalaron, en la región Loxicha, a quienes habían presuntamente pertenecido a la guerrilla. Pero era una revancha, el ajuste de cuentas para castigar la rebeldía de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ). La organización donde ellos, igual que cientos de comunidades serranas, se organizaron para pedir servicios humanitarios. 

Durante la represión oficial, afirman, hubo ajusticiadores que se volvieron activos de la milicia. Asesinos a sueldo que pacificaban las tierras bajo la montaña. Asesinos a sueldo con un propio código de Ejército. Dueños de armas que sobreviven hasta estos días, donde los xiches dejaron de ser un presunto bastión guerrillero para ser territorio controlado con violencia desde el Estado. 

“No quisiste por la buena, ahora aguante vara”

Comandante 2, liberado

Por tres años estuve en la sierra. Creí que con la salida de Diódoro Carrasco del gobierno las cosas cambiarían. Pero con la llegada de José Murat la persecución siguió. En ese tiempo catearon mi casa 14 veces y asesinaron a mis dos hermanos. El comandante de la policía estatal, Pedro Hernández, dijo que él iba al frente de un operativo y ordenó a sus subordinados repeler “una agresión”. Fue una historia inventada para simular la ejecución de uno de mis hermanos. Lo mataron a sangre fría cuando afilaba su machete en un estanque de agua, tenía 20 años y una hija de un año. Creyeron que me habían matado a mí. 

Fui detenido en 1999 durante una emboscada en San Vicente. Los militares me decían: “¡Corre, corre!”. Yo pensé que querían venadearme y no corrí. En el monte ya había macheteado la ley, y les pedí que presentaran una orden de aprehensión. Preguntaban: “¿quién te enseñó sobre el artículo 18?”. Se asombraron que un indígena zapoteco conociera las leyes. Me llevaron esposado al pueblo. Evité la tortura, pero igual que a los demás, no nos decían que deberíamos tener intérprete, porque entendíamos muy poco de español.

La guerrilla la inventó el Estado. No quiero decir que no existiera, la guerrilla sí existe pero en Loxicha fue una creación del gobierno, porque los caciques locales a los que la había desplazado el pueblo en 1984, estaban interesados en mantener el poder político. Loxicha era un pueblo dominado por los caciques de Putla, los Vázquez y  Silvino Luna. Tenían pistoleros que imponían su ley en las regiones. Por eso nos organizamos en la OPIZ. Teníamos principios, nada de vandalismo, teníamos disciplina, por eso cuando nos involucraron con la guerrilla decían que teníamos la misma vertiente. 

Fidel Martínez, que apareció muerto en La Crucecita con su credencial de autoridad municipal de Loxicha, hizo que vinieran por todos nosotros que estábamos organizados en la lucha social. Fidel tenía dos meses de permiso como regidor de Hacienda cuando lo mataron. Antes de la represión, ya nos ubicaban por el trabajo que hacíamos, nos decían que fuéramos parte del gobierno, representábamos a las 36 comunidades que entonces integran los pueblos xiches. Ramón Eduardo López Flores, que era el chingón de la Comisión Política de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (Segego), nos insistió nos jaláramos al PRI. Nos dijo tendríamos carro, casa, dinero si nos aliábamos al gobierno de Diódoro Carrasco. Cuando estaba detenido y fueron por mí los representantes del gobernador me dijeron: ¡no quisiste por la buena, ahora aguante vara!

Llegaron por meses con más de 50 soldados y policías en la madrugada. Se llevaban a los que tenían escopetas calibre 22 que utilizaban para matar venados. Los vestían de guerrilleros. Así fue con Ricardo Martínez y Francisco Valencia. En el ataque de La Crucecita se llevaron a Juan Díaz Gómez cuando empezó el desmadre. Lo conocí en la cárcel, vendía paletas, pero como era chiapaneco y estaba reciente lo del EZLN le sembraron una AK 47, le pusieron botas y mochila verde. Fue otro guerrillero inventado.

*Esta investigación es resultado del programa Refugio Temporal para Periodistas en Riesgo del área de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie.